CP Ricardo M. Chicolino[1]
La evolución del derecho penal económico ha modificado significativamente la forma en que se analiza la responsabilidad de quienes integran los órganos de administración de las empresas.
Mientras que tradicionalmente el proceso penal se centraba en identificar al autor material de un hecho ilícito, hoy adquieren creciente relevancia la estructura organizacional, los mecanismos de control y el cumplimiento de los deberes de supervisión.
Este cambio responde, en gran medida, al incremento de las regulaciones que recaen sobre las empresas en materias tributaria, aduanera, cambiaria, societaria, ambiental y de prevención del lavado de activos. En este contexto, numerosos procesos penales ya no se originan exclusivamente en conductas dolosas evidentes, sino en incumplimientos regulatorios o decisiones empresariales que posteriormente adquieren relevancia penal.
Como consecuencia, la investigación judicial no sólo procura determinar quién ejecutó una conducta, sino también quién tenía la responsabilidad de diseñar, implementar y supervisar los procedimientos internos destinados a prevenir el riesgo. La imputación comienza a desplazarse desde la acción individual hacia el análisis de la organización empresarial y de los deberes funcionales asumidos por directores y administradores.
Ello no implica la instauración de un régimen de responsabilidad objetiva. El principio de culpabilidad continúa vigente; sin embargo, la sola alegación de desconocimiento o la complejidad de la organización ya no resultan suficientes para excluir el análisis del cumplimiento de los deberes de dirección, supervisión y control.
En este escenario, los programas de compliance dejan de constituir únicamente una exigencia regulatoria para transformarse en una herramienta estratégica de gestión del riesgo penal. La existencia de políticas, procedimientos y controles razonables permite acreditar la debida diligencia del directorio y fortalecer la posición de la empresa frente a una eventual investigación.
Conclusión
La tendencia observada en el derecho penal económico pone de manifiesto que una adecuada gobernanza corporativa y un sistema efectivo de cumplimiento normativo ya no representan únicamente una buena práctica de gestión, sino un elemento esencial para reducir la exposición penal de la organización y de sus administradores. La cuestión central deja de ser exclusivamente quién produjo el hecho investigado para concentrarse también en quién tenía el deber de prevenirlo mediante una organización y un sistema de control adecuados.
[1] Director de Tax&Legal Business Advice SRL